En concreto, en el caso de la jefatura territorial en Galicia, el organismo fiscalizador ha realizado este año más de 250 comprobaciones en otros tantos hogares de la comunidad para verificar la situación laboral de los empleados domésticos. Sin embargo, solo en el 12,6 % de estas actuaciones, menos de una treintena del total (con datos actualizados hasta la primera quincena de diciembre), se detectaron incumplimientos susceptibles de sanción económica.
Desde principios del 2013, una vez finalizado el proceso de transición del régimen especial de empleados domésticos al nuevo sistema -y materializados los cambios introducidos por el actual Ejecutivo, que relajó las obligaciones de los empleadores y elevó las bases de cotización-, el número de trabajadores de hogar dados de alta como cotizantes se ha mantenido sin variaciones en el entorno de los 27.000 afiliados. Supone un incremento del 36 % respecto a los que había dados de alta en diciembre del 2011, cuando el antiguo régimen de cotización contaba con 20.242 inscritos. Sin embargo, los siete mil empleos aflorados son pocos si se comparan con los cerca de 40.000 empleos que, según un estudio realizado por Comisiones Obreras antes de la crisis, había ocultos en la comunidad en este sector.